Miles de personas marcharon en Washington, D.C. el martes, para exigirle al presidente Joe Biden que amplíe los permisos de trabajo en los que se incluya a los inmigrantes de larga estadía en el país.
Con el poder de su firma, el presidente Biden tiene la autoridad bajo la actual ley de inmigración de expander los permisos de trabajo a inmigrantes que han vivido y trabajado en Estados Unidos por muchos años; eso, a través del uso de la figura conocida en inglés como "parole", argumentan los activistas.
El grupo de manifestantes, integrado por activistas, líderes empresariales, miembros del Congreso y aquéllos directamente impactados le pidieron a Biden que tome acción inmediata para la extensión del "parole", TPS y DEC, figuras mediante las que millones de inmigrantes indocumentados podrían recibir permisos de trabajo.
La directora ejecutiva de ABIC Action, Rebecca Shi, dijo que "los trabajadores inmigrantes son esenciales para la economía de Estados Unidos. Urgimos al presidente a que proporcione inmediatamente permisos de trabajo a los inmigrantes de larga estadía para robustecer la economía y reducir el costo de alimentos y vivienda de todos los estadounidenses".
El evento fue celebrado poco después de una serie de marchas por distintos estados del país (Denver, Texas, Utah, Florida, etc.) que hicieron eco de los pedidos llevados a la capital estadoundense.
"Los estadounidenses promedio no están al tanto de que a muchos cónyuges de ciudadanos americanos se les niega el derecho a legalizar su estatus. Estar arcaicas leyes separan familias al mismo tiempo que le roban a la economía unos $16 mil millones de dólares que los cónyuges podrían añadir, y además de $5 mil millones de impuestos al año", opinó la activista Ashley DeAzevedo, presidenta de un grupo de Pensilvania llamado Familias Americanas Unidas.
En estados considerados como "oscilantes" respecto al perfil de votación, se estima que residen más de dos millones de ciudadanos americanos con una persona indocumentada y que, más de 350,000 tienen a un cónyuge indocumentado, lo cual, dicen activistas, "representan un gran imperativo político para que Biden actúe".
Consuelo Martínez, de Chicago, dijo que ella y su esposo han estado "trabajando en las sombras por 27 años. Durante este tiempo, hemos pagado impuestos, comprado una casa y criado a dos hijos estadounidenses".
Martínez es una líder comunitaria del Proyecto La Resurrección en Chicago. "El presidente Biden ha demostrado su autoridad para otorgar permisos de trabajo mediante 'parole'. El darle permisos laborales a inmigrantes de largo plazo es justicia que nuestra comnidad trabajadora merece".
"Emitir permisos de trabajo tanto para inmigrantes de larga duración como para inmigrantes recién llegados es una solución al objetivo del presidente Biden de construir una economía más fuerte e inclusiva desde abajo hacia arriba y desde el centro hacia afuera. Nuestra capacidad de seguir siendo un faro para los demás depende de nuestra capacidad de actuar como una nación erguida por inmigrantes".
"Ya sea que hayas llegado hace unos días o hace varias décadas, los inmigrantes merecen dignidad", dijo el congresista de Illinois, Jesús "Chuy" García.
Con el poder de su firma, el presidente Biden tiene la autoridad bajo la actual ley de inmigración de expander los permisos de trabajo a inmigrantes que han vivido y trabajado en Estados Unidos por muchos años; eso, a través del uso de la figura conocida en inglés como "parole", argumentan los activistas.
El grupo de manifestantes, integrado por activistas, líderes empresariales, miembros del Congreso y aquéllos directamente impactados le pidieron a Biden que tome acción inmediata para la extensión del "parole", TPS y DEC, figuras mediante las que millones de inmigrantes indocumentados podrían recibir permisos de trabajo.
La directora ejecutiva de ABIC Action, Rebecca Shi, dijo que "los trabajadores inmigrantes son esenciales para la economía de Estados Unidos. Urgimos al presidente a que proporcione inmediatamente permisos de trabajo a los inmigrantes de larga estadía para robustecer la economía y reducir el costo de alimentos y vivienda de todos los estadounidenses".
El evento fue celebrado poco después de una serie de marchas por distintos estados del país (Denver, Texas, Utah, Florida, etc.) que hicieron eco de los pedidos llevados a la capital estadoundense.
"Los estadounidenses promedio no están al tanto de que a muchos cónyuges de ciudadanos americanos se les niega el derecho a legalizar su estatus. Estar arcaicas leyes separan familias al mismo tiempo que le roban a la economía unos $16 mil millones de dólares que los cónyuges podrían añadir, y además de $5 mil millones de impuestos al año", opinó la activista Ashley DeAzevedo, presidenta de un grupo de Pensilvania llamado Familias Americanas Unidas.
En estados considerados como "oscilantes" respecto al perfil de votación, se estima que residen más de dos millones de ciudadanos americanos con una persona indocumentada y que, más de 350,000 tienen a un cónyuge indocumentado, lo cual, dicen activistas, "representan un gran imperativo político para que Biden actúe".
Consuelo Martínez, de Chicago, dijo que ella y su esposo han estado "trabajando en las sombras por 27 años. Durante este tiempo, hemos pagado impuestos, comprado una casa y criado a dos hijos estadounidenses".
Martínez es una líder comunitaria del Proyecto La Resurrección en Chicago. "El presidente Biden ha demostrado su autoridad para otorgar permisos de trabajo mediante 'parole'. El darle permisos laborales a inmigrantes de largo plazo es justicia que nuestra comnidad trabajadora merece".
"Emitir permisos de trabajo tanto para inmigrantes de larga duración como para inmigrantes recién llegados es una solución al objetivo del presidente Biden de construir una economía más fuerte e inclusiva desde abajo hacia arriba y desde el centro hacia afuera. Nuestra capacidad de seguir siendo un faro para los demás depende de nuestra capacidad de actuar como una nación erguida por inmigrantes".
"Ya sea que hayas llegado hace unos días o hace varias décadas, los inmigrantes merecen dignidad", dijo el congresista de Illinois, Jesús "Chuy" García.
