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Piden que dejen regresar a casa a niña con parálisis cerebral detenida por inmigración

Piden que dejen regresar a casa a niña con parálisis cerebral detenida por inmigración

Una niña de 10 años con parálisis cerebral de nacimiento que fue detenida por autoridades de inmigración tras ser operada en un hospital de Corpus Christi, Texas fue puesta en procedimientos de deportación, un día después de cruzar un puesto de control de la Patrulla Fronteriza.

Rosa María Hernández, de 10 años, fue traída de México a Estados Unidos sin documentos a los tres meses de edad y desde entonces ha vivido en Laredo, Texas. Pero el martes 24 de octubre, la menor fue transportada en una ambulancia hacia Corpus Christi para ser operada de emergencia de la vesícula biliar, siendo detenida por agentes de la Patrulla Fronteriza en un punto de revisión en la localidad de Freer.

Al verificar que carecía de estatus legal, los agentes federales la dejaron seguir su camino pero la escoltaron hasta el Driscoll Children’s Hospital y ahí aguardaron afuera de su cuarto hasta que se le practicó la cirugía. Cuando fue dada de alta, la custodiaron hasta un albergue infantil, el Baptist Children Home, en San Antonio, donde aguarda un proceso de deportación.

Lo anterior, a pesar de que las órdenes médicas al darla de alta indicaban que Rosa María necesitaba ver a su doctor de cabecera en Laredo tres días después de la operación para un seguimiento, y que lo mejor para ella era que fuera entregada a sus familiares quienes “están familiarizados con sus necesidades médicas y sicológicas”.

Al respecto, un vocero de la CBP le dijo al Caller-Times de Corpus Christi el miércoles que la niña Rosa María no era una excepción para la tarea de la agencia de aplicar la ley de inmigración.

A DISTANCIA
Los padres de la niña, al carecer de documentos, no pueden viajar de Laredo a San Antonio para visitar a su hija, aunque han hecho uso de la tecnología para hablar con ella, a través de una red social, indicó Priscila Martínez, una activista de Austin del grupo Workers Defense Action Fund.

Martínez indicó que aunque no hay nada establecido por escrito, los abogados involucrados en el caso de la niña están intentando conseguir que la menor regrese al lado de sus padres. Y para ello, se tendrán que reunir ciertas condiciones de vivienda con las que la familia de Rosa María no cuenta, de acuerdo a los requerimientos de la Oficina de Asentamiento de Refugidos.

Es por ello que decidió abrir una cuenta para reunir fondos en Go Fund Me, mismos que serán utilizados para ayudar a los padres de la niña a mudarse a otra casa y recibir a su hija en Laredo.

El abogado Alex Galvez declaró que el Departamento de Seguridad Nacional hará un estudio de la casa de Rosa María para determinar si la niña puede ser regresar junto a su familia. 

Galvez dijo que el caso de la niña tiene cierta fuerza porque no representa una amenaza para la sociedad, siendo una persona con necesidades especiales. 

CONDENAN ACCIONES
Por su parte, varios legisladores estatales y federales criticaron la atención que los agentes le han dedicado al caso de una niña con necesidades especiales.

El senador Juan Hinojosa, de McAllen, cuestionó las prioridades de las autoridades de inmigración en el caso de la niña indocumentada.

“La situación de la niña Rosa María Hernández no es poco común en el Sur de Texas o en la frontera de Texas con México. Lo que no es común es que la Patrulla Fronteriza o la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) tenga tanto interés en un caso relacionado con una niña de 10 años que requiere atención médica inmediata”.

Hinojosa explicó que aunque no hay duda que Estados Unidos es un país de leyes que deben respetarse, “también somos un país que tiene compasión. Tenemos situaciones donde ciertas discreciones deben permitirse para proteger los derechos de un ser humano”.

Joaquín Castro, congresista federal de San Antonio, escribió en Twitter que “una niña enferma de 10 años no debe ser una prioridad para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”.

Castro también retó al presidente Trump y la secretaria interina (de Seguridad Nacional) “a que demuestren que esta operación de la apliación de la ley está priorizando a un criminal peligroso. Una niña pequeña que acaba de ser operada no es una amenaza a la seguridad de los texanos o a la seguridad nacional. DHS debe enfocar sus recursos en otro lado”, expresó en una declaración publicada también en Twitter.

Rosa María Hernández, de 10 años, fue traída de México a Estados Unidos sin documentos a los tres meses de edad y desde entonces ha vivido en Laredo, Texas. Pero el martes 24 de octubre, la menor fue transportada en una ambulancia hacia Corpus Christi para ser operada de emergencia de la vesícula biliar, siendo detenida por agentes de la Patrulla Fronteriza en un punto de revisión en la localidad de Freer.

Al verificar que carecía de estatus legal, los agentes federales la dejaron seguir su camino pero la escoltaron hasta el Driscoll Children’s Hospital y ahí aguardaron afuera de su cuarto hasta que se le practicó la cirugía. Cuando fue dada de alta, la custodiaron hasta un albergue infantil, el Baptist Children Home, en San Antonio, donde aguarda un proceso de deportación.

Lo anterior, a pesar de que las órdenes médicas al darla de alta indicaban que Rosa María necesitaba ver a su doctor de cabecera en Laredo tres días después de la operación para un seguimiento, y que lo mejor para ella era que fuera entregada a sus familiares quienes “están familiarizados con sus necesidades médicas y sicológicas”.

Al respecto, un vocero de la CBP le dijo al Caller-Times de Corpus Christi el miércoles que la niña Rosa María no era una excepción para la tarea de la agencia de aplicar la ley de inmigración.

A DISTANCIA
Los padres de la niña, al carecer de documentos, no pueden viajar de Laredo a San Antonio para visitar a su hija, aunque han hecho uso de la tecnología para hablar con ella, a través de una red social, indicó Priscila Martínez, una activista de Austin del grupo Workers Defense Action Fund.

Martínez indicó que aunque no hay nada establecido por escrito, los abogados involucrados en el caso de la niña están intentando conseguir que la menor regrese al lado de sus padres. Y para ello, se tendrán que reunir ciertas condiciones de vivienda con las que la familia de Rosa María no cuenta, de acuerdo a los requerimientos de la Oficina de Asentamiento de Refugidos.

Es por ello que decidió abrir una cuenta para reunir fondos en Go Fund Me, mismos que serán utilizados para ayudar a los padres de la niña a mudarse a otra casa y recibir a su hija en Laredo.

El abogado Alex Galvez declaró que el Departamento de Seguridad Nacional hará un estudio de la casa de Rosa María para determinar si la niña puede ser regresar junto a su familia. 

Galvez dijo que el caso de la niña tiene cierta fuerza porque no representa una amenaza para la sociedad, siendo una persona con necesidades especiales. 

CONDENAN ACCIONES
Por su parte, varios legisladores estatales y federales criticaron la atención que los agentes le han dedicado al caso de una niña con necesidades especiales.

El senador Juan Hinojosa, de McAllen, cuestionó las prioridades de las autoridades de inmigración en el caso de la niña indocumentada.

“La situación de la niña Rosa María Hernández no es poco común en el Sur de Texas o en la frontera de Texas con México. Lo que no es común es que la Patrulla Fronteriza o la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) tenga tanto interés en un caso relacionado con una niña de 10 años que requiere atención médica inmediata”.

Hinojosa explicó que aunque no hay duda que Estados Unidos es un país de leyes que deben respetarse, “también somos un país que tiene compasión. Tenemos situaciones donde ciertas discreciones deben permitirse para proteger los derechos de un ser humano”.

Joaquín Castro, congresista federal de San Antonio, escribió en Twitter que “una niña enferma de 10 años no debe ser una prioridad para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”.

Castro también retó al presidente Trump y la secretaria interina (de Seguridad Nacional) “a que demuestren que esta operación de la apliación de la ley está priorizando a un criminal peligroso. Una niña pequeña que acaba de ser operada no es una amenaza a la seguridad de los texanos o a la seguridad nacional. DHS debe enfocar sus recursos en otro lado”, expresó en una declaración publicada también en Twitter.