La Corte Suprema de EEUU rechazó el lunes revisar la apelación sobre una ordenanza en Farmers Branch acerca de la renta de vivienda, la cual pedía que se comprobara el estatus legal de los inquilinos para poder residir en dicho suburbio de Dallas.
La decisión del tribunal superior marca el final de una disputa de siete años sobre múltiples versiones de la ordenanza de inmigración de la ciudad – concluyendo con un caso que llamó la atención a nivel nacional.
Storefront, la filial de servicio comunitario del bufete de abogados Bickel & Brewer, se opuso con éxito a varias versiones de la ordenanza desde 2006.
En el 2007, los votantes aprobaron la ordenanza, que iba directamente en contra de los indocumentados y les negaba el derecho a rentar vivienda en la ciudad, de no comprobar su estatus legal en el país.
"Nuestra esperanza es de que la ciudad cierre este capítulo desafortunado en su historia y comience a aceptar la demografía cambiante de la comunidad – como parte de un futuro más inclusivo y dinámico", dijo William A. Brewer III, socio de Bickel & Brewer Storefront y abogado de los demandantes, Villas at Parkside, Lakeview at Parkside, Chateau de Ville, y la residente de Farmers Branch, Mary Smith. "Agradecemos a nuestros clientes y a aquellos en la comunidad que apoyaron nuestros esfuerzos, y esperamos que estos últimos años de litigio sean instructivos para las comunidades y los tribunales de toda la nación".
El Fondo para la Defensa Legal y la Educación del México-Americano (MALDEF), fue otro de los grupos que interpuso la demanda para impugnar la ordenanza.La ciudad apeló contra una opinión en banc el 22 de julio de 2013 de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito en que se afirmó un fallo de la corte de primera instancia que anuló la Ordenanza 2952, el tercer intento de la ciudad de una ordenanza de inmigración.
La ordenanza hubiera obligado a los arrendatarios en Farmers Branch a registrar su presencia con la ciudad y probar que eran residentes legales para poder retener su licencia de habitación. Las críticas sobre la ordenanza llovieron, por ser inconstitucional, y discriminar contra la comunidad latina. Se calcula que la ciudad ha gastado $7 millones en honorarios legales en el desarrollo de la medida.
AFECTÓ A NEGOCIOS
“Afectó mucho a mi negocio, porque había gente que le daba miedo venir a mi oficina. Yo manejo casos de inmigración y trabajo con empresarios pequeños”, dijo la abogada Atalia García, al ser consultada sobre el tema.
“Ahora la gente podrá tener un poco más confianza de venir por acá. Pero la discriminación sigue, a uno lo miran diferente, a mí aunque soy abogada, me pasa; y en los lugares públicos la gente tienen sus opiniones”, agregó.
García considera que el fallo del Supremo debe servir para que la gente sepa que “la ley sí puede trabajar a favor de uno. Es una buena noticia no solo a nivel local, sino para todo el país”.
“Puede que Farmers Branch siga con sus medidas discriminativas, pero ahora van a saber que la gente reacciona. Y con que tres no estén de acuerdo con algo, las cosas pueden cambiar”.
INCONSTITUCIONAL
Los tribunales coincidieron repetidamente con el argumento central de Storefront de que las ordenanzas son invalidadas por la ley federal y son inconstitucionales porque trataron de regular la inmigración, lo cual solamente el gobierno federal puede hacer.
En la opinión en banc del Quinto Circuito emitida el 22 de julio de 2013, el juez Stephen Higginson escribió: "La Ordenanza no solo penaliza la habitación de un apartamento o una residencia unifamiliar alquilada, sino que sitúa a los funcionarios locales en la posición inadmisible de detener y encarcelar a personas basado en su estatus migratorio sin instrucción y supervisión federal".
La Ciudad de Farmers Branch pidió una revisión en banc en abril de 2012, y los alegatos se escucharon ante el tribunal en pleno en septiembre de 2012.KERA.org publicó que el alcalde de Farmers Branch, Bill Glancy, le dijo al diario The Dallas Morning News que no estaba seguro de si la lucha había terminado, que necesitaba consultar con el Consejo de la ciudad.
El fallo en banc se produjo más de un año después de que un panel de tres magistrados del Quinto Circuito afirmó la misma decisión de la corte de primera instancia. En una opinión presentada el 21 de marzo de 2012, el juez Thomas Reavley escribió: "Concluimos que el propósito exclusivo de la ordenanza no es regular la vivienda sino excluir a extranjeros indocumentados, específicamente los latinos, de la Ciudad de Farmers Branch y que es una regulación de inmigración inadmisible".
En marzo de 2010, la juez de distrito de los Estados Unidos Jane Boyle dictaminó que la Ordenanza 2952 fue inconstitucional y emitió una orden permanente impidiendo la imposición de la ordenanza. La Ordenanza 2903, la predecesora de la Ordenanza 2952, fue declarada inconstitucional previamente por el juez de distrito de los Estados Unidos Sam Lindsay.
Además de las acciones en la corte federal en las se alegó la inconstitucionalidad de la ordenanza, Storefront emprendió medidas en la corte estatal alegando que la ciudad violaba la ley Texas Open Meetings Act. Storefront también ayudó a encabezar una campaña de concientización comunitaria sobre la ordenanza.
Storefront también logró una victoria sin precedentes contra Farmers Branch en agosto de 2012, cuando el juez de distrito de los Estados Unidos Sidney Fitzwater determinó que la ciudad violaba la Ley de Derechos al Voto de 1965 al utilizar un sistema de votación en general para elegir al Consejo de la Ciudad. La victoria resultó en la creación de cinco distritos de un solo miembro, incluyendo un distrito con mayoría latina.
El 12 de mayo de 2013, la candidata latina Ana Reyes fue elegida al Consejo Municipal de Farmers Branch por un margen decisivo.
Uniéndose a Brewer y Renard para representar a los demandantes estuvieron el socio C. Dunham Biles y el asociado Jack Ternan de Bickel & Brewer.En el 2012, la Corte Suprema sostuvo que el asunto de inmigración es primariamente de carácter federal y anuló la mayoría de las leyes locales y estatales acerca de la inmigración indocumentada.
Fuente: Bickel & Brewer Storefront
La decisión del tribunal superior marca el final de una disputa de siete años sobre múltiples versiones de la ordenanza de inmigración de la ciudad – concluyendo con un caso que llamó la atención a nivel nacional.
Storefront, la filial de servicio comunitario del bufete de abogados Bickel & Brewer, se opuso con éxito a varias versiones de la ordenanza desde 2006.
En el 2007, los votantes aprobaron la ordenanza, que iba directamente en contra de los indocumentados y les negaba el derecho a rentar vivienda en la ciudad, de no comprobar su estatus legal en el país.
"Nuestra esperanza es de que la ciudad cierre este capítulo desafortunado en su historia y comience a aceptar la demografía cambiante de la comunidad – como parte de un futuro más inclusivo y dinámico", dijo William A. Brewer III, socio de Bickel & Brewer Storefront y abogado de los demandantes, Villas at Parkside, Lakeview at Parkside, Chateau de Ville, y la residente de Farmers Branch, Mary Smith. "Agradecemos a nuestros clientes y a aquellos en la comunidad que apoyaron nuestros esfuerzos, y esperamos que estos últimos años de litigio sean instructivos para las comunidades y los tribunales de toda la nación".
El Fondo para la Defensa Legal y la Educación del México-Americano (MALDEF), fue otro de los grupos que interpuso la demanda para impugnar la ordenanza.
La ciudad apeló contra una opinión en banc el 22 de julio de 2013 de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito en que se afirmó un fallo de la corte de primera instancia que anuló la Ordenanza 2952, el tercer intento de la ciudad de una ordenanza de inmigración.
La ordenanza hubiera obligado a los arrendatarios en Farmers Branch a registrar su presencia con la ciudad y probar que eran residentes legales para poder retener su licencia de habitación. Las críticas sobre la ordenanza llovieron, por ser inconstitucional, y discriminar contra la comunidad latina. Se calcula que la ciudad ha gastado $7 millones en honorarios legales en el desarrollo de la medida.
AFECTÓ A NEGOCIOS
“Afectó mucho a mi negocio, porque había gente que le daba miedo venir a mi oficina. Yo manejo casos de inmigración y trabajo con empresarios pequeños”, dijo la abogada Atalia García, al ser consultada sobre el tema.
“Ahora la gente podrá tener un poco más confianza de venir por acá. Pero la discriminación sigue, a uno lo miran diferente, a mí aunque soy abogada, me pasa; y en los lugares públicos la gente tienen sus opiniones”, agregó.
García considera que el fallo del Supremo debe servir para que la gente sepa que “la ley sí puede trabajar a favor de uno. Es una buena noticia no solo a nivel local, sino para todo el país”.
“Puede que Farmers Branch siga con sus medidas discriminativas, pero ahora van a saber que la gente reacciona. Y con que tres no estén de acuerdo con algo, las cosas pueden cambiar”.
INCONSTITUCIONAL
Los tribunales coincidieron repetidamente con el argumento central de Storefront de que las ordenanzas son invalidadas por la ley federal y son inconstitucionales porque trataron de regular la inmigración, lo cual solamente el gobierno federal puede hacer.
En la opinión en banc del Quinto Circuito emitida el 22 de julio de 2013, el juez Stephen Higginson escribió: "La Ordenanza no solo penaliza la habitación de un apartamento o una residencia unifamiliar alquilada, sino que sitúa a los funcionarios locales en la posición inadmisible de detener y encarcelar a personas basado en su estatus migratorio sin instrucción y supervisión federal".
La Ciudad de Farmers Branch pidió una revisión en banc en abril de 2012, y los alegatos se escucharon ante el tribunal en pleno en septiembre de 2012.
KERA.org publicó que el alcalde de Farmers Branch, Bill Glancy, le dijo al diario The Dallas Morning News que no estaba seguro de si la lucha había terminado, que necesitaba consultar con el Consejo de la ciudad.
El fallo en banc se produjo más de un año después de que un panel de tres magistrados del Quinto Circuito afirmó la misma decisión de la corte de primera instancia. En una opinión presentada el 21 de marzo de 2012, el juez Thomas Reavley escribió: "Concluimos que el propósito exclusivo de la ordenanza no es regular la vivienda sino excluir a extranjeros indocumentados, específicamente los latinos, de la Ciudad de Farmers Branch y que es una regulación de inmigración inadmisible".
En marzo de 2010, la juez de distrito de los Estados Unidos Jane Boyle dictaminó que la Ordenanza 2952 fue inconstitucional y emitió una orden permanente impidiendo la imposición de la ordenanza. La Ordenanza 2903, la predecesora de la Ordenanza 2952, fue declarada inconstitucional previamente por el juez de distrito de los Estados Unidos Sam Lindsay.
Además de las acciones en la corte federal en las se alegó la inconstitucionalidad de la ordenanza, Storefront emprendió medidas en la corte estatal alegando que la ciudad violaba la ley Texas Open Meetings Act. Storefront también ayudó a encabezar una campaña de concientización comunitaria sobre la ordenanza.
Storefront también logró una victoria sin precedentes contra Farmers Branch en agosto de 2012, cuando el juez de distrito de los Estados Unidos Sidney Fitzwater determinó que la ciudad violaba la Ley de Derechos al Voto de 1965 al utilizar un sistema de votación en general para elegir al Consejo de la Ciudad. La victoria resultó en la creación de cinco distritos de un solo miembro, incluyendo un distrito con mayoría latina.
El 12 de mayo de 2013, la candidata latina Ana Reyes fue elegida al Consejo Municipal de Farmers Branch por un margen decisivo.
Uniéndose a Brewer y Renard para representar a los demandantes estuvieron el socio C. Dunham Biles y el asociado Jack Ternan de Bickel & Brewer.
En el 2012, la Corte Suprema sostuvo que el asunto de inmigración es primariamente de carácter federal y anuló la mayoría de las leyes locales y estatales acerca de la inmigración indocumentada.
Fuente: Bickel & Brewer Storefront
