DALLAS, Texas -- La viuda del mexicano que murió tras ser baleado por un policía de Grapevine en febrero de este año presentó una demanda por la violación de los derechos civiles de su finado esposo, alegadando que el uso de la fuerza letal en el incidente no tenía justificación y denunciando la falta de asistencia médica que sufrió el inmigrante inmediatemente después de recibir dos disparos en el pecho.
Martha A. Romero, la viuda de Rubén García Villalpando, archivó una demanda a título personal y en representación de sus hijos y los padres de su difunto esposo contra la ciudad de Grapevine, el jefe de policía Eddie Salame y el oficial Robert Clark el miércoles 23 de septiembre en una Corte Federal de Dallas.
“El tiroteo sobre Rubén García-Villalpando fue totalmente innecesario bajo las circunstancias en que ocurrió puesto que no representaba una amenaza inmediata de daño físico grave al oficial Clark. El uso de la fuerza letal, en este contexto fue totalmente injustificada”, indica en los párrafos iniciales la demanda.
García Villalpando, un inmigrante de 31 años, proveniente de Durango, México, se vio envuelto en una persecución policial con el oficial Robert Clark del Departamento de Policía de Grapevine iniciada en un estacionamiento de dicha municipalidad y que terminó en la cuadra 2500 de la autopista Highway 121 en Euless el pasado 20 de febrero.
Romero acusa al agente Clark de disparar sobre Villalpando sin motivo, ya que al salir de su vehículo, al final de la persecución, tenía las manos en el aire y estaba desarmado.
En su demanda, Romero también menciona el hecho de que el oficial Clark falló en proporcionarle cualquier atención médica a García Villalpando en los momentos críticos después de que fue baleado. “Esta falta de atención médica a García Villalpando fue la causa aproximada o la que produjo su muerte”.
La viuda, también de nacionalidad mexicana, y los hijos de García Villalpando buscan una indemnización por los daños sufridos tras la muerte de su esposo y padre, el desgaste emocional, los gastos del funeral, etc.
GRAN JURADO DE TARRANT
García Villalpando fue declarado muerto en el hospital John Peter Smith de Fort Worth, el 21 de febrero. En el reporte, se especifica que su muerte fue un homicidio.
La autopsia reveló que el mexicano estaba legalmente intoxicado la noche en que fue balaceado. Sus niveles de alcohol en la sangre superaban el 0.08 por ciento, el límite legal para conducir en Texas.
En mayo, la fiscalía del Condado de Tarrant anunció en un comunicado de prensa la decisión que tomó un gran jurado de no presentar cargos en el caso. El grupo, desde el 6 de mayo empezó a revisar evidencias que apuntaban a un probable caso de abuso de autoridad contra Clark.
El gobierno de México reaccionó enérgicamente, declarando que lamentaba la decisión del gran jurado en el sentido de no presentar cargos en contra de Clark, “quien privó de la vida al ciudadano mexicano, cuando éste se encontraba con las manos arriba y desarmado al momento de su detención”.
También “reiteró su firme llamado a que se revisen los protocolos del uso de la fuerza letal por las agencias de la aplicación de la ley en Estados Unidos, ante los repetidos incidentes fatales que se han presentado en los últimos meses en perjuicio de los ciudadanos mexicanos”.
Al conocer la decisión de hace algunos unos meses, el abogado Domingo García, quien representa a Martha Romero, adelantó que el siguiente paso era una demanda en una corte federal por la violación de los derechos civiles de García-Villalpando y quizá ante otras instancias internacionales.
Martha A. Romero, la viuda de Rubén García Villalpando, archivó una demanda a título personal y en representación de sus hijos y los padres de su difunto esposo contra la ciudad de Grapevine, el jefe de policía Eddie Salame y el oficial Robert Clark el miércoles 23 de septiembre en una Corte Federal de Dallas.
“El tiroteo sobre Rubén García-Villalpando fue totalmente innecesario bajo las circunstancias en que ocurrió puesto que no representaba una amenaza inmediata de daño físico grave al oficial Clark. El uso de la fuerza letal, en este contexto fue totalmente injustificada”, indica en los párrafos iniciales la demanda.
García Villalpando, un inmigrante de 31 años, proveniente de Durango, México, se vio envuelto en una persecución policial con el oficial Robert Clark del Departamento de Policía de Grapevine iniciada en un estacionamiento de dicha municipalidad y que terminó en la cuadra 2500 de la autopista Highway 121 en Euless el pasado 20 de febrero.
Romero acusa al agente Clark de disparar sobre Villalpando sin motivo, ya que al salir de su vehículo, al final de la persecución, tenía las manos en el aire y estaba desarmado.
En su demanda, Romero también menciona el hecho de que el oficial Clark falló en proporcionarle cualquier atención médica a García Villalpando en los momentos críticos después de que fue baleado. “Esta falta de atención médica a García Villalpando fue la causa aproximada o la que produjo su muerte”.
La viuda, también de nacionalidad mexicana, y los hijos de García Villalpando buscan una indemnización por los daños sufridos tras la muerte de su esposo y padre, el desgaste emocional, los gastos del funeral, etc.
GRAN JURADO DE TARRANT
García Villalpando fue declarado muerto en el hospital John Peter Smith de Fort Worth, el 21 de febrero. En el reporte, se especifica que su muerte fue un homicidio.
La autopsia reveló que el mexicano estaba legalmente intoxicado la noche en que fue balaceado. Sus niveles de alcohol en la sangre superaban el 0.08 por ciento, el límite legal para conducir en Texas.
En mayo, la fiscalía del Condado de Tarrant anunció en un comunicado de prensa la decisión que tomó un gran jurado de no presentar cargos en el caso. El grupo, desde el 6 de mayo empezó a revisar evidencias que apuntaban a un probable caso de abuso de autoridad contra Clark.
El gobierno de México reaccionó enérgicamente, declarando que lamentaba la decisión del gran jurado en el sentido de no presentar cargos en contra de Clark, “quien privó de la vida al ciudadano mexicano, cuando éste se encontraba con las manos arriba y desarmado al momento de su detención”.
También “reiteró su firme llamado a que se revisen los protocolos del uso de la fuerza letal por las agencias de la aplicación de la ley en Estados Unidos, ante los repetidos incidentes fatales que se han presentado en los últimos meses en perjuicio de los ciudadanos mexicanos”.
Al conocer la decisión de hace algunos unos meses, el abogado Domingo García, quien representa a Martha Romero, adelantó que el siguiente paso era una demanda en una corte federal por la violación de los derechos civiles de García-Villalpando y quizá ante otras instancias internacionales.
