En el programa “60 Minutos” del domingo, Donald Trump prometió que al asumir la presidencia deportará inmediatamente a entre 2 y 3 millones de inmigrantes, declarando que necesitamos “sacar a los delincuentes y a quienes tienen antecedentes penales, son pandilleros o narcotraficantes”.
Pero el grupo proinmigrante America's Voice respondió al respecto, en un comunicado difundido el lunes, que "de ninguna manera hay 3 millones de inmigrantes indocumentados peligrosos viviendo en Estados Unidos".
“Esta es la típica forma de hablar de Trump sobre inmigración. Está usando a una cantidad mínima de gente mala para desprestigiar a una población más grande con profundas raíces familiares, y lo está haciendo para justificar una de las migraciones forzadas más grandes de la historia de Estados Unidos", declaró Frank Sharry, director ejecutivo de America's Voice.
“Lo que Trump está proponiendo es terrible. Simplemente no podemos permitir tal expulsión masiva de gente buena arraigada en nuestras comunidades y convertir eso en algo normal”, añadió el activista.
En el programa de CBS, Trump dijo: “Lo que vamos a hacer es detener a la gente que es delincuente y que tiene antecedentes penales, son pandilleros, narcotraficantes, tenemos a mucha de esa gente, probablemente dos millones, podrían ser tres millones, los vamos a echar del país o los vamos a encarcelar. Pero los vamos a echar, están aquí ilegalmente. Luego de que la frontera esté segura haremos una determinación sobre la gente que ya está aquí, que son fantásticos... pero tomaremos una determinación sobre eso".
Pero la interrogante es a quiénes considerará el gobierno de Trump como "criminales", señaló Maribel Hastings, columnista y asesora ejecutiva de America's Voice.
Un estudio de 2015 del Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Institute, MPI) demostró que, en lugar de una cifra de 2-3 millones, hay 300,000 delincuentes indocumentados que serían el objetivo de un enfoque en delincuentes peligrosos. Un segundo grupo de 390,000 aparece bajo la categoría de delitos graves.
El abogado Oscar Mendoza, del grupo RAICES (Refugee and Immigrant Center for Educational and Legal Services) en Dallas, aconsejó a quienes son indocumentados y tienen algún record delictivo o criminal que hablen con un abogado para ver qué significa su expediente.
"No todos los antecedentes penales son iguales hay algunos que son más graves. Las prioridades [de deportación] ahora bajo Obama, son violencia doméstica y DWI. Y en otra categoría están los crímenes graves como felonía, pero no todos son iguales", insistió.
Mendoza, sí resaltó que en el condado de Dallas, por lo menos, el sistema criminal coopera mucho con inmigración: "Tenemos clientes que nos han dicho que fueron turnados a ICE cuando iban a reportarse por su [probatoria]'probatión'... en el condado de Dallas. Es algo real hasta ahora", señaló el abogado.
Douglas Interiano, de Proyecto Inmigrante, pidió calma ante la incertidumbre del próximo gobierno, aunque no descartó escenarios como el de la posible revocación de las órdenes ejecutivas del DACA, que le otorgó a los llamados "DREAMers" permisos de trabajo y un amparo contra la deportación.
"Trump tiene todo el poder que le da la rama ejecutiva para revocarlos, pero está por verse", comentó Interiano.
El Washington Post publicó que quitar las protecciones contra la deportación a los DREAMers, así como el permiso de trabajo, no tendría otro propósito que restringir su forma de vida, su futuro y las contribuciones de los jóvenes que son “tan culturalmente estadounidenses como sus vecinos nacidos en Estados Unidos”.
El consejo más práctico que ofreció el director ejecutivo de Proyecto Inmigrante fue dirigido a quienes son residentes permanentes del país: "No sé qué están esperando para hacerse ciudadanos", declaró.
El mismo domingo, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, un allegado de Trump, dijo palabras muy contrarias a las del ahora presidente electo.
"Debemos calmar a las personas porque ese no es nuestro enfoque. No estamos planificando erigir una fuerza de deportación. Donald Trump no está planificando eso", aseguró Ryan.
Pero Sharry pidió que no se dejen engañar. "Trump intenta deportar a millones de personas trabajadoras. Su mención sobre los ‘delincuentes’ es una estrategia para desviar la atención del pueblo estadounidense con la esperanza de esconder sus verdaderas intenciones. Nos corresponde a todos asegurarnos de que no se salga con la suya".
La ACLU (American Civil Liberties Union) lanzó una campaña en redes sociales y publicó un desplegado en la edición impresa del New York Times, con un mensaje dirigido a Trump, expresándole que su personal de abogados y activistas en cada estado, miles de voluntarios y millones de miembros afiliados y simpatizantes "están listos para luchar contra cualquier intrusión a nuestras preciadas libertades y derechos".
Pero el grupo proinmigrante America's Voice respondió al respecto, en un comunicado difundido el lunes, que "de ninguna manera hay 3 millones de inmigrantes indocumentados peligrosos viviendo en Estados Unidos".
“Esta es la típica forma de hablar de Trump sobre inmigración. Está usando a una cantidad mínima de gente mala para desprestigiar a una población más grande con profundas raíces familiares, y lo está haciendo para justificar una de las migraciones forzadas más grandes de la historia de Estados Unidos", declaró Frank Sharry, director ejecutivo de America's Voice.
“Lo que Trump está proponiendo es terrible. Simplemente no podemos permitir tal expulsión masiva de gente buena arraigada en nuestras comunidades y convertir eso en algo normal”, añadió el activista.
En el programa de CBS, Trump dijo: “Lo que vamos a hacer es detener a la gente que es delincuente y que tiene antecedentes penales, son pandilleros, narcotraficantes, tenemos a mucha de esa gente, probablemente dos millones, podrían ser tres millones, los vamos a echar del país o los vamos a encarcelar. Pero los vamos a echar, están aquí ilegalmente. Luego de que la frontera esté segura haremos una determinación sobre la gente que ya está aquí, que son fantásticos... pero tomaremos una determinación sobre eso".
Pero la interrogante es a quiénes considerará el gobierno de Trump como "criminales", señaló Maribel Hastings, columnista y asesora ejecutiva de America's Voice.
Un estudio de 2015 del Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Institute, MPI) demostró que, en lugar de una cifra de 2-3 millones, hay 300,000 delincuentes indocumentados que serían el objetivo de un enfoque en delincuentes peligrosos. Un segundo grupo de 390,000 aparece bajo la categoría de delitos graves.
El abogado Oscar Mendoza, del grupo RAICES (Refugee and Immigrant Center for Educational and Legal Services) en Dallas, aconsejó a quienes son indocumentados y tienen algún record delictivo o criminal que hablen con un abogado para ver qué significa su expediente.
"No todos los antecedentes penales son iguales hay algunos que son más graves. Las prioridades [de deportación] ahora bajo Obama, son violencia doméstica y DWI. Y en otra categoría están los crímenes graves como felonía, pero no todos son iguales", insistió.
Mendoza, sí resaltó que en el condado de Dallas, por lo menos, el sistema criminal coopera mucho con inmigración: "Tenemos clientes que nos han dicho que fueron turnados a ICE cuando iban a reportarse por su [probatoria]'probatión'... en el condado de Dallas. Es algo real hasta ahora", señaló el abogado.
Douglas Interiano, de Proyecto Inmigrante, pidió calma ante la incertidumbre del próximo gobierno, aunque no descartó escenarios como el de la posible revocación de las órdenes ejecutivas del DACA, que le otorgó a los llamados "DREAMers" permisos de trabajo y un amparo contra la deportación.
"Trump tiene todo el poder que le da la rama ejecutiva para revocarlos, pero está por verse", comentó Interiano.
El Washington Post publicó que quitar las protecciones contra la deportación a los DREAMers, así como el permiso de trabajo, no tendría otro propósito que restringir su forma de vida, su futuro y las contribuciones de los jóvenes que son “tan culturalmente estadounidenses como sus vecinos nacidos en Estados Unidos”.
El consejo más práctico que ofreció el director ejecutivo de Proyecto Inmigrante fue dirigido a quienes son residentes permanentes del país: "No sé qué están esperando para hacerse ciudadanos", declaró.
El mismo domingo, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, un allegado de Trump, dijo palabras muy contrarias a las del ahora presidente electo.
"Debemos calmar a las personas porque ese no es nuestro enfoque. No estamos planificando erigir una fuerza de deportación. Donald Trump no está planificando eso", aseguró Ryan.
Pero Sharry pidió que no se dejen engañar. "Trump intenta deportar a millones de personas trabajadoras. Su mención sobre los ‘delincuentes’ es una estrategia para desviar la atención del pueblo estadounidense con la esperanza de esconder sus verdaderas intenciones. Nos corresponde a todos asegurarnos de que no se salga con la suya".
La ACLU (American Civil Liberties Union) lanzó una campaña en redes sociales y publicó un desplegado en la edición impresa del New York Times, con un mensaje dirigido a Trump, expresándole que su personal de abogados y activistas en cada estado, miles de voluntarios y millones de miembros afiliados y simpatizantes "están listos para luchar contra cualquier intrusión a nuestras preciadas libertades y derechos".
