Un juez federal desechó la demanda del Procurador General de Texas, Ken Paxton, contra Austin y el condado de Travis, con la que buscaba que la SB4, la ley que prohibe las ciudades santuario, y que aún no entra en efecto, fuera declarada constitucional.
Paxton, a nombre del estado de Texas, presentó la demanda el mismo día o noche que el gobernador Greg Abbott firmó como ley la SB4 el pasado 7 de mayo.
Con la decisión del juez Sam Sparks, la otra demanda que emprendieron varias ciudades (incluida Dallas) y condados contra el estado de Texas en una corte federal de San Antonio, y que está pendiente, seguirá adelante, ya que en ella se cuestiona la "constitucionalidad" de la ley SB4, que está fijada para entrar en vigor el 1 de septiembre, y cuyas provisiones, activistas proinmigrantes consideran que viola los derechos constitucionales de la población, incluyendo aquellos sin documentos, además de fomentar el perfil racial y quebrantar la confianza de la comunidad hacia las autoridades locales para reportar crímenes.
Today's dismissal of state's #sb4 lawsuit in Austin means SA still pending. background: https://t.co/eWuq83lR3l pic.twitter.com/Qx2IpuEmvx
— Julian Aguilar (@nachoaguilar) August 9, 2017Paxton, sin que la ley entrara aún en vigor, le dijo a la corte en la demanda que las violaciones a la ley eran inminentes, pues el condado Travis tiene como política no cumplir con las detenciones que le pide ICE (Agencia de Inmigración de Aduanas) de quienes llegan a las cárceles locales, al menos de que se trate de personas con crímenes altamente graves. Pero como la ley aún no entra en efecto, el juez Sparks determinó que la demanda de Paxton no tiene mérito.
"El propio argumento del estado subraya sus deficiencias", dijo Sparks. "Debido a que la SB4 no entra en vigor hasta el 1 de septiembre de 2017, es imposible que los demandados tomen acción alguna para violar la ley -aun-sin-efecto. El hecho de que una política municipal fuera instituida antes de que una ley fuera firmada, o que sigue firme antes de que la ley entre en efecto, no equivale a una violación de la ley".
Paxton emitió una declaración por la tarde, prometiendo que seguirá peleandro para prohibir las "ciudades santuario". El procurador también le ha declarado la guerra a los beneficiarios de DACA, entre otras posturas antiinmigrantes que ha hecho públicas.
Paxton, a nombre del estado de Texas, presentó la demanda el mismo día o noche que el gobernador Greg Abbott firmó como ley la SB4 el pasado 7 de mayo.
Con la decisión del juez Sam Sparks, la otra demanda que emprendieron varias ciudades (incluida Dallas) y condados contra el estado de Texas en una corte federal de San Antonio, y que está pendiente, seguirá adelante, ya que en ella se cuestiona la "constitucionalidad" de la ley SB4, que está fijada para entrar en vigor el 1 de septiembre, y cuyas provisiones, activistas proinmigrantes consideran que viola los derechos constitucionales de la población, incluyendo aquellos sin documentos, además de fomentar el perfil racial y quebrantar la confianza de la comunidad hacia las autoridades locales para reportar crímenes.
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Paxton, sin que la ley entrara aún en vigor, le dijo a la corte en la demanda que las violaciones a la ley eran inminentes, pues el condado Travis tiene como política no cumplir con las detenciones que le pide ICE (Agencia de Inmigración de Aduanas) de quienes llegan a las cárceles locales, al menos de que se trate de personas con crímenes altamente graves. Pero como la ley aún no entra en efecto, el juez Sparks determinó que la demanda de Paxton no tiene mérito.
"El propio argumento del estado subraya sus deficiencias", dijo Sparks. "Debido a que la SB4 no entra en vigor hasta el 1 de septiembre de 2017, es imposible que los demandados tomen acción alguna para violar la ley -aun-sin-efecto. El hecho de que una política municipal fuera instituida antes de que una ley fuera firmada, o que sigue firme antes de que la ley entre en efecto, no equivale a una violación de la ley".
Paxton emitió una declaración por la tarde, prometiendo que seguirá peleandro para prohibir las "ciudades santuario". El procurador también le ha declarado la guerra a los beneficiarios de DACA, entre otras posturas antiinmigrantes que ha hecho públicas.
