DALLAS -- Transportación, no deportación. Ese fue el lema de un grupo de activistas que junto a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el congresista Joaquín Castro le entregaron 200,000 firmas a Greyhound en su sede, pidiéndole que cese de permitir que agentes de la Patrulla Fronteriza suban a sus autobuses o cuestionen a sus pasajeros sin una orden o causa probable.
ACLU argumenta que Greyhound tiene el derecho legal de negarle el acceso a los agentes de inmigración a sus áreas privadas de boletaje y autobuses, pero en cambio "ha continuado cooperando con las políticas anti-inmigrantes de Trump", declaró el grupo respecto a la acción en protesta que llevaron a cabo en el Norte de Texas.
Tricia Martínez, abogada de Greyhound, dijo el viernes en respuesta a los reclamos, que las revisiones de los agentes federales, en efecto, son hechas "sin una orden, pero aún [son] legales (warrantless but still legal)”. También declaró que Greyhound no está en coordinación con la Patrulla Fronteriza y que los agentes no les piden permiso para abordar los autobuses.
"A lo largo de la campaña presidencial y en la Oficina Oval, hemos visto un patrón perturbador de retórica y políticas antiinmigrantes, incluyendo a agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. que abordan autobuses de Greyhound y le exigen a clientes que demuestran su ciudadanía", dijo el Congresista Joaquín Castro (de San Antonio, Texas).
CHOFERES
Antes de acudir a entregar las firmas, el grupo habló en un parque cercano, con la presencia de la presidenta de un Sindicato Nacional de Choferes de Autobuses (Amalgamated Transit Union National Local 1700)."Hoy tomamos una postura", dijo Karen Miller, la líder sindical en representación de 3,500 empleados de la industria de autobuses. "Los conductores de autobuses a través del país le dicen a Greyhound que sus buses deben ser para transportar no para deportar".
La líder agregó que los choferes de su unión muy podrían empezar a pasar tarjetas de "conoce tus derechos" a sus pasajeros.
A Deyvid Morales, un Dreamer que fue arrestado en un autobús de Greyhound que viajaba de Utah a Louisiana, le quitaron su dinero de la matrícula y el equipaje en el 2011.
"Me detuvieron durante 17 días. No se me permitió hablar con mis padres durante al menos cuatro días. Tuve que poner $4,000 en fianza para ser liberado y me enviaron de regreso a Utah. Me enfrenté a la deportación durante más de un año", dijo el joven que ahora es residente.
Morales, originario de Acapulco, México, protestó en Dallas el incidente en el 2012, con una huelga de hambre para llamar la atención sobre la práctica de Greyhound.
ACLU argumenta que Greyhound tiene el derecho legal de negarle el acceso a los agentes de inmigración a sus áreas privadas de boletaje y autobuses, pero en cambio "ha continuado cooperando con las políticas anti-inmigrantes de Trump", declaró el grupo respecto a la acción en protesta que llevaron a cabo en el Norte de Texas.
Tricia Martínez, abogada de Greyhound, dijo el viernes en respuesta a los reclamos, que las revisiones de los agentes federales, en efecto, son hechas "sin una orden, pero aún [son] legales (warrantless but still legal)”. También declaró que Greyhound no está en coordinación con la Patrulla Fronteriza y que los agentes no les piden permiso para abordar los autobuses.
"A lo largo de la campaña presidencial y en la Oficina Oval, hemos visto un patrón perturbador de retórica y políticas antiinmigrantes, incluyendo a agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. que abordan autobuses de Greyhound y le exigen a clientes que demuestran su ciudadanía", dijo el Congresista Joaquín Castro (de San Antonio, Texas).
CHOFERES
Antes de acudir a entregar las firmas, el grupo habló en un parque cercano, con la presencia de la presidenta de un Sindicato Nacional de Choferes de Autobuses (Amalgamated Transit Union National Local 1700).
"Hoy tomamos una postura", dijo Karen Miller, la líder sindical en representación de 3,500 empleados de la industria de autobuses. "Los conductores de autobuses a través del país le dicen a Greyhound que sus buses deben ser para transportar no para deportar".
La líder agregó que los choferes de su unión muy podrían empezar a pasar tarjetas de "conoce tus derechos" a sus pasajeros.
A Deyvid Morales, un Dreamer que fue arrestado en un autobús de Greyhound que viajaba de Utah a Louisiana, le quitaron su dinero de la matrícula y el equipaje en el 2011.
"Me detuvieron durante 17 días. No se me permitió hablar con mis padres durante al menos cuatro días. Tuve que poner $4,000 en fianza para ser liberado y me enviaron de regreso a Utah. Me enfrenté a la deportación durante más de un año", dijo el joven que ahora es residente.
Morales, originario de Acapulco, México, protestó en Dallas el incidente en el 2012, con una huelga de hambre para llamar la atención sobre la práctica de Greyhound.
