Un beneficiario de DACA que fue deportado a pesar de tener su permiso de trabajo vigente bajo el programa de la Acción Diferida, interpuso una demanda el martes en la que exige que el gobierno federal divulgue información acerca de las razones por las que fue expulsado y enviado a México.
Abogados que representan a Juan Manuel Montes, de 23 años, archivaron una queja en su nombre en una corte de distrito en California, después de que oficiales de inmigración no respondieron a sus peticiones de documentos que explicaran los motivos legales en los que se basaron para removerlo.
El joven inmigrante trabajaba en los campos de California para ayudar al sostén de su familia y estudiaba soldadura en un colegio comunitario antes de que fuera detenido en Calexico, California por un agente de la Patrulla Fronteriza, mientras esperaba un taxi en febrero.
"Me obligaron a salir porque estaba nervioso y no supe qué hacer o qué decir", dijo Montes. "Extraño mi empleo, mi escuela. Más que todo extraño a mi familia y tengo la esperanza de que podré regresar para estar con ellos”, declaró Montes, en un comunicado emitido por el Centro Nacional de Ley de Inmigración (National Immigration Law Center, NILC).
En su cuenta de Twitter, el NILC publicó que "un recipiente de DACA fue deportado a medianoche sin ningún acceso a un abogado. Estamos demandando para saber qué pasó.
El senador Richard Blumental dijo que le pediría una explicación al secretario del departamento de Seguridad Interna.
Deeply concerned by deportation of DREAMer protected under #DACA. I'll ask DHS Sec. Kelly for an immediate explanation.
— Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) April 19, 2017La noche del 17 de febrero, Montes caminaba hacia una estación de taxis en Calexico, un pueblo fronterizo, cuando un agente de la Border Patrol lo paró y le pidió que se identificara, pero Montes había dejado su billetera en el carro de un amigo y no pudo hacerlo.
De acuerdo a los hechos que narra la demanda, el joven fue llevado a una estación local en donde lo hicieron firmar documentos sin permitirle ver a un juez de inmigración, buscar ayuda u obtener copias de los documentos que firmó. En cuestión de horas, en medio de la noche, Montes fue deportado y fue a dar a Mexicali, México.
El caso de Montes se complicó más tras su regreso a México, su aparente país natal, en donde poco después fue golpeado por dos sujetos y tras el incidente, decidió cruzar hacia Estados Unidos clandestinamente. Al internarse a territorio estadounidense no pudo movilizarse libremente y él mismo se entregó ante elementos de la Patrulla Fronteriza, y volvió a ser deportado.
Montes sufrió una lesión cerebral cuando era niño y tiene dificultades de aprendizaje. A los nueve años llegó a Estados Unidos y se quedó sin documentos hasta que recibió el beneficio de DACA en dos ocasiones. Su madre, que carece de estatus legal, vive en California con un hermano menor de Montes, que nació en Estados Unidos.
Sus abogados dijeron que esperan presentar su caso ante la corte, porque "nuestro cliente tiene derecho a saber por qué fue físicamente removido de los Estados Unidos cuando tenía permiso para vivir y trabajar aquí", declaró Mónica Ramírez Almadani, de la firma Covington & Burling LLP en Los Angeles.
Abogados que representan a Juan Manuel Montes, de 23 años, archivaron una queja en su nombre en una corte de distrito en California, después de que oficiales de inmigración no respondieron a sus peticiones de documentos que explicaran los motivos legales en los que se basaron para removerlo.
El joven inmigrante trabajaba en los campos de California para ayudar al sostén de su familia y estudiaba soldadura en un colegio comunitario antes de que fuera detenido en Calexico, California por un agente de la Patrulla Fronteriza, mientras esperaba un taxi en febrero.
"Me obligaron a salir porque estaba nervioso y no supe qué hacer o qué decir", dijo Montes. "Extraño mi empleo, mi escuela. Más que todo extraño a mi familia y tengo la esperanza de que podré regresar para estar con ellos”, declaró Montes, en un comunicado emitido por el Centro Nacional de Ley de Inmigración (National Immigration Law Center, NILC).
En su cuenta de Twitter, el NILC publicó que "un recipiente de DACA fue deportado a medianoche sin ningún acceso a un abogado. Estamos demandando para saber qué pasó.
El senador Richard Blumental dijo que le pediría una explicación al secretario del departamento de Seguridad Interna.
Deeply concerned by deportation of DREAMer protected under #DACA. I'll ask DHS Sec. Kelly for an immediate explanation.
— Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) April 19, 2017
La noche del 17 de febrero, Montes caminaba hacia una estación de taxis en Calexico, un pueblo fronterizo, cuando un agente de la Border Patrol lo paró y le pidió que se identificara, pero Montes había dejado su billetera en el carro de un amigo y no pudo hacerlo.
De acuerdo a los hechos que narra la demanda, el joven fue llevado a una estación local en donde lo hicieron firmar documentos sin permitirle ver a un juez de inmigración, buscar ayuda u obtener copias de los documentos que firmó. En cuestión de horas, en medio de la noche, Montes fue deportado y fue a dar a Mexicali, México.
El caso de Montes se complicó más tras su regreso a México, su aparente país natal, en donde poco después fue golpeado por dos sujetos y tras el incidente, decidió cruzar hacia Estados Unidos clandestinamente. Al internarse a territorio estadounidense no pudo movilizarse libremente y él mismo se entregó ante elementos de la Patrulla Fronteriza, y volvió a ser deportado.
Montes sufrió una lesión cerebral cuando era niño y tiene dificultades de aprendizaje. A los nueve años llegó a Estados Unidos y se quedó sin documentos hasta que recibió el beneficio de DACA en dos ocasiones. Su madre, que carece de estatus legal, vive en California con un hermano menor de Montes, que nació en Estados Unidos.
Sus abogados dijeron que esperan presentar su caso ante la corte, porque "nuestro cliente tiene derecho a saber por qué fue físicamente removido de los Estados Unidos cuando tenía permiso para vivir y trabajar aquí", declaró Mónica Ramírez Almadani, de la firma Covington & Burling LLP en Los Angeles.
