Esta semana el presidente Barack Obama pronuncia su último discurso sobre el Estado de la Unión en medio de dos grandes contradicciones. De una parte, la Corte Suprema de la nación podría decidir si considera o no el caso que tiene el potencial de destrabar las acciones ejecutivas migratorias que ampararían de la deportación a millones y que el Departamento de Justicia de esta administración está defendiendo. Y de otra, el mismo gobierno, a través de su Departamento de Seguridad Nacional (DHS), está deportando a madres y niños centroamericanos, en muchos casos quizá a una muerte segura, sin el debido acceso a una asesoría legal que garantice la obtención de asilo. Y en el proceso está aterrorizando a toda una comunidad inmigrante.

Luego de un inaceptable retraso, finalmente tenemos una decisión del 5o. Circuito [contra la ampliación de los programas DAPA y DACA, la Acción Ejecutiva de Barack Obama en materia de inmigración] y podemos avanzar en busca de un resultado final en la Suprema Corte. Si el Departamento de Justicia actúa ahora, hay suficiente tiempo para que la Suprema Corte atraiga este caso en el próximo periodo, de tal manera que se pueda tener una decisión en junio de 2016.

AUSTIN, Texas -- Tras una peregrinación de 37 millas durante tres días, el sábado, cientos de familias y activistas llegaron a la mansión del gobernador en la capital texana para pedirle que abandone su postura contra las reformas de inmigración que beneficiarían a millones de familias con estatus mixto en Estados Unidos.

La Corte del Quinto Circuito de Apelaciones le dió un nuevo revés a la Acción Ejecutiva de Barack Obama al votar 2-1 en contra de la apelación que presentaron abogados del Presidente para detener la demanda de 26 estados que encabeza Texas y que tiene bloqueados los programas de alivio migratorio en beneficio de unos 5 millones de indocumentados.