Para quienes llevan décadas aguardando por una reforma migratoria que los legalice, esperar unos días nada significaría. Bueno, al menos el tiempo necesario para saber si la parlamentaria del Senado autoriza o no la inclusión de una vía de legalización en el plan presupuestario que se consideraría mediante el proceso de conciliación. El problema es que en todo este embrollo, a los inmigrantes se les va la vida y su futuro en este país.

La inclusión del lenguaje que proveería una ruta a la legalización en el plan presupuestario del Senado abre otro capítulo, esta vez durante la presidencia del demócrata Joe Biden, de la carrera maratónica con obstáculos que ha sido y es la búsqueda de una reforma migratoria que regularice a millones.

Al aproximarse el otoño comienza la cuenta regresiva para el fin de 2021 y, con ello, la posibilidad de que muchos asuntos legislativos se resuelvan o vuelvan a quedarse en el tintero, de cara a un año de elecciones intermedias, 2022, cuando toda la atención se centra  en la política electoral.

La semana pasada estuvo repleta de historias de Dreamers que han visto truncadas sus posibilidades de obtener un permiso de trabajo y protección de la deportación, tras el fallo del juez Andrew Hanen, de Texas, quien declaró ilegal el programa DACA y suspendió el procesamiento de nuevas solicitudes.